El manifestante que amenazó de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con un megáfono, frente al Instituto Patria, el 21 de julio pasado se negó a declarar este martes en el marco de su indagatoria. El imputado, Claudio Herz, asesorado por el defensor oficial Juan Martín Hermida, se negó a declarar ante el juez federal Daniel Rafecas, que lo había convocado hoy en los tribunales federales de Comodoro Py.
Herz está acusado por los delitos de intimidación pública y amenazas, tras manifestar que "la horca" era "el único camino para deshacerse" de Fernández de Kirchner. Los mismos ataques verbales le lanzó otros referentes del oficialismo, a los que prometió "matarlos a todos" porque "son ratas inmundas", además de dirigir sus invectivas a la gestión gubernamental en materia de salud pública.
Video: Manifestantes autoconvocados amenazaron de muerte a Cristina KirchnerEl fuero nacional en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires intervino en lo ocurrido ante una denuncia que presentó la fiscal Mónica Cuñarro al día siguiente de los hechos y que quedó sorteada en el juzgado de Manuel De Campos con la actuación del fiscal Leonel Gómez Barbella.
La Justicia de Instrucción ordenó entonces el allanamiento del domicilio de Herz -una habitación de un hotel ubicado en Moreno 1352, en el barrio porteño de Monserrat- donde se secuestró su teléfono celular, cuatro pendrives y carteles usados en distintas manifestaciones, con leyendas tales como "Dictadura sanitaria" y "No es una vacuna, es un experimento", entre otras.
Por los mismos incidentes, Fernando Castiglioni, abogado del Instituto Patria, radicó otra denuncia por "intimidación y amenazas" en los tribunales federales de Retiro, a cargo de Rafecas con intervención del fiscal Carlos Stornelli.
En dicha denuncia, Castiglioni advirtió que a la gravedad de las intimidaciones se le sumó "la actitud pasiva de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, que se aprecia en el video acompañado, que permite que las personas que se encuentran en el lugar arrojen basura, pinten paredes y cuelguen carteles con todo tipo de carteles amenazantes".
Rafecas ordenó la realización de una pericia sobre el teléfono y los pendrives secuestrados para acceder a su contenido, además de un informe sobre las llamadas entrantes y salientes de dicho celular. También ordenó la certificación de las actuaciones por parte de la Policía de la Ciudad, presente en el lugar de los hechos, ante la Justicia Contravencional de la ciudad.